En esta serie de testimonios indagamos en el tema de la justicia en derechos humanos a través de diferentes voces de personas que han trabajado tanto en el poder judicial, como en la defensa de víctimas y familiares y participantes de procesos. Se pretende contribuir al conocimiento de un proceso largo y dificultoso en el que se han logrado avances gracias a la perseverancia e insistencia a la gran red de personas buscadoras de justicia, conformada por familiares, organizaciones ciudadanas y trabajadoras y trabajadores de los derechos humanos.
Vanessa Klein es psicóloga brasileña. Hija de Georges Klein Pipper, ciudadano franco-chileno, médico, asesor de la secretaría general de gobierno y militante del Partido Comunista, quien fuera detenido desaparecido desde el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de la Moneda. Sus restos fueron identificados, después de haber sido encontrados en el Fuerte Arteaga en Peldehue y entregados a su familia en el 2011. En la presente entrevista se refiere a su participación como declarante en el juicio realizado en París, en el año 2010, por el caso de cuatro víctimas franco-chilenas (entre ellas su padre), en el que el Tribunal de lo Criminal en París dictó condenas a 14 criminales de la dictadura en ausencia.
Andrea Speranzoni es abogado de derechos humanos. Nació en Venecia en 1971. Está especializado en derecho penal con especificidad en crímenes de guerra, crímenes internacionales y crímenes de lesa humanidad. Ha investigado casos por atentados terroristas y violencia política en Italia y también casos de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica. Es autor de varios libros sobre el tema además de ser docente en la Universidad de Bologna. Speranzoni fue abogado defensor de varios familiares de personas italo-chilenas que fueron víctimas de crímenes de la dictadura en el proceso realizado en Roma.
En el año 2017, «La Tercera Corte de Assise» dictó sentencia que tuvo su cierre por parte del Tribunal Supremo en el año 2021, en la que se confirmaron cadenas perpetuas para 14 militares y jerarcas de Chile y Uruguay, siguiendo la petición de la Fiscalía y revalidando la sentencia del Tribunal de Apelación de Roma.