Se aborda la manera en que se puso en marcha un programa de derechos humanos en el sector de salud pública en Chile, las tensiones que esto producía en la sociedad y cómo esto también resonaba en el área de salud. Además, se explora cómo esto ha ido mejorando con el tiempo, aunque aún falta mucho por avanzar. Este es un proyecto realizado conjuntamente por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Sur y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
En este apartado se desarrolla una reflexión amplia y situada respecto de los efectos que ha tenido en la población PRAIS la pandemia del COVID 19; los desafíos que plantea este hito en la humanidad para la salud pública, y cómo esto también interpela la necesaria revisión de PRAIS, a la luz de estos nuevos padecimientos sociales. Testimonio de Carlos Madariaga, Académico e Investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y Jeannette Rosentreter, Psicóloga Coordinadora PRAIS SSMS desde 2016. Este es un proyecto realizado conjuntamente por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Sur y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Enrique Silva Olivares, nacido en Tucumán, Argentina, de padres chilenos, relata su vida marcada por la militancia política y la represión durante la dictadura. Tras la muerte de su madre, se trasladó a Iquique, donde creció en un entorno de activismo político. Participó activamente en el Partido Socialista junto a otros militantes y realizó diversas tareas clandestinas antes y después del golpe de Estado de 1973.
Silva describe su participación en actividades políticas desde joven, incluyendo la distribución de panfletos y enfrentamientos con fuerzas represivas. Menciona su trabajo en Radio Esmeralda y su relación con varios dirigentes políticos, incluidos Jaime Quintanilla y Nino Lama. Explica que fue detenido tras el golpe de Estado y sometido a torturas físicas y psicológicas en distintos centros de detención, incluyendo Pisagua, donde fue testigo de abusos y asesinatos.
Silva, además, detalla métodos de tortura como golpes, colgamientos y simulaciones de ejecución. Relata su paso por el «Muro de los Lamentos» en Pisagua y menciona que sus torturadores buscaban información sobre actividades políticas y tráfico de armas, acusaciones que él niega constantemente. Fue condenado a seis meses de cárcel y tres años de relegación en Chiloé.
Gracias a la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Silva evitó la deportación a Argentina, donde el golpe de Estado de allí ponía su vida en peligro. Fue acogido como exiliado político en Francia, donde vivió trabajando y apoyando a movimientos de izquierda. En Francia, enfrentó dificultades de salud derivadas de las torturas sufridas en Chile, incluyendo problemas pulmonares, cáncer de próstata y trastornos musculoesqueléticos.
En 1992, regresó a Chile con su familia, enfrentando problemas económicos y de salud persistentes.
Menciona a Jaime Quintanilla, Nino Lama, Freddy Taberna, David Enrique Norambuena, Miguel Ángel Castro, Palomino, Eugenio Vargas, Héctor Palenque Cisterna, Mario Muñoz y Mario Magne.
Javiera Fuentes González es psicóloga, magister en salud mental infantil. Vive en San Javier, provincia de Linares. Es nieta de Mario González Albornoz, trabajador agrícola, detenido y ejecutado por militares en octubre de 1973.
Carolina Peredo es una destacada matrona y activista chilena, reconocida por su labor en la prevención y control de infecciones de transmisión sexual (ITS). Además de su labor en salud pública, participó activamente en el colectivo lésbico Ayuquelén, contribuyendo a la visibilización y defensa de los derechos de las mujeres lesbianas en Chile. En marzo de 2002, Ayuquelén, junto a otras organizaciones, organizó el Encuentro Lésbico Nacional «Ser Lesbiana en Chile», evento que reunió a diversas agrupaciones y personas para discutir y promover los derechos de la comunidad lésbica en el país.
Testimonio de Oscar Fernando Pizarro Talamilla, quien relata su experiencia como trabajador portuario exonerado y detenido político durante la dictadura. Pizarro trabajaba en la Empresa Portuaria de Iquique y pertenecía a un sindicato de izquierda. A pesar de su origen humilde, mantenía una vida estable junto a su familia. Su madre era costurera y su padre, pescador artesanal. El 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado, Pizarro fue despedido de la Empresa Portuaria junto a otros trabajadores vinculados a sindicatos de izquierda. Les prohibieron volver al puerto y les entregaron documentos que certificaban su desvinculación laboral. Sin trabajo, comenzó a fabricar muebles y establecer pequeños negocios junto a su esposa, quien hacía chupetes y juguetes para sobrevivir.
En enero de 1974, fue detenido en su casa por militares y llevado al centro de detención “El Tele”. Allí fue incomunicado junto a otros detenidos, sometido a interrogatorios y torturas físicas y psicológicas. Posteriormente fue trasladado al campo de concentración de Pisagua, donde permaneció incomunicado y fue torturado nuevamente.
La persecución continuó incluso después de su liberación. Pizarro enfrentó dificultades para conseguir empleo debido a sus antecedentes políticos y fue discriminado en varias oportunidades. Su familia también sufrió represalias. Su hijo no pudo encontrar trabajo estable debido a la asociación con su nombre. El impacto emocional fue devastador, llevándolo a una trombosis y a problemas de salud mental severos.