El Archivo Oral del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tiene por objetivo aplicar la metodología de registro oral para documentar historias personales y colectivas sobre el período de la dictadura. En esta línea de trabajo caben las micro-historias de organizaciones obreras, asentamientos campesinos, sindicatos, experiencias de exilio, por nombrar algunos. Su finalidad es construir un archivo de consulta que sirva a investigadores, académicos, estudiantes y usuarios interesados en conocer diferentes episodios represivos que afectaron a comunidades específicas y que fueron invisibilizados en su momento por las versiones oficiales.
Jaime Arancibia Pinto es magistrado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ingresó al Poder Judicial en 1976 como funcionario de la Corte, en paralelo a sus estudios de derecho. En el año 1986 ingresó al escalafón primario, siendo secretario de la Corte de Apelaciones de Copiapó, relator y juez en San Felipe, juez en Iquique, y ministro en Copiapó. En el año 2005 asume como ministro en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ocupando el cargo de presidente en el año 2013. En el 2014 asume las causas por violaciones de derechos humanos de toda la región de Valparaíso, ocupándose de la investigación de alrededor de 600 casos.
Marta Jimena Pinto Salazar ingresó al Poder Judicial en el cargo de actuaria el año 1972. Fue jueza del Segundo juzgado de Puente Alto. Entre 1982 y 1992 fue relatora de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Posteriormente fue relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago y Jueza del Cuarto Juzgado Civil, donde llevó varias causas relacionadas con violencia intrafamiliar. Fue fiscal judicial en la Corte de Apelaciones de Rancagua y en la Corte de Apelaciones de Santiago. Asumió en 2010 como ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, haciéndose cargo de más de un centenar de causas de derechos humanos de la Región de Magallanes. Se retiró en el año 2022.
Daniela Accatino Scagliotti es abogada de la Universidad de Chile y Doctora en Derecho por la Universidad de Granada. En 1999 ingresó a la Universidad Austral de Chile como docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En la actualidad es Decana de dicha facultad. Sus áreas principales de investigación son justicia de transición, razonamiento jurídico, teoría de la prueba, teoría de las normas y del razonamiento jurídico, prueba y constitucionalismo, activismo judicial y Estado Constitucional. Ha realizado desde el 2015 un trabajo de investigación sobre los archivos judiciales de los procesos por violaciones de derechos humanos con los que, junto a un equipo académico y profesional, construyó la página web de acceso común «Expedientes de la Represión».
Gemma Fuentes Aránguiz es actuaria de la jurisdicción de San Miguel. Ingresó al Poder Judicial en el año 1995. La Corte Suprema la designó como actuaria de causas por violaciones de derechos humanos en mayo de 2005, cargo que mantiene hasta la actualidad. Durante su trayectoria ha trabajado con jueces y juezas como María Estela Elgarrista Álvarez, Marta Hantke Corvalán, Héctor Solís Montiel, Carlos Farías Pino y Marianela Cifuentes Alarcón.
Ramón Jara Castillo, luego de una carrera dedicada a la docencia en la ciudad de Victoria (en la Región de la Araucanía) entró a trabajar al Poder Judicial como actuario, trasladándose hasta Punta Arenas para asumir dicho cargo en la Corte de Apelaciones. Ahí le tocó trabajar con la jueza Jimena Pinto Salazar, con quien se hizo cargo de más de un centenar de causas por violaciones de derechos humanos de la Región de Magallanes.
Neptuno Rossel Rodríguez nació en Santiago el 27 de marzo de 1930. Estudió en el Instituto Nacional y posteriormente ingresó a la escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En sus años de estudio fue delegado de la FECH. Inició su carrera en el Poder Judicial como Juez del Juzgado de Letras de Santa Juana, Región del Bíobio. Luego fue Juez titular de Arauco, Río Bueno, Vicuña y Copiapó. Participó de la fundación de la Asociación Nacional de Magistrados (1966). Después del golpe de Estado, mientras se desmpeñaba en el Primer Juzgado de Letras de Copiapó, fue detenido bajo arresto domiciliario y obligado a abandonar la ciudad por orden de la Junta Militar. Fue exonerado y luego tuvo que abandonar Chile junto a su familia estableciéndose en Argentina. Regresó en 1977, no pudiendo reintegrarse nuevamente a sus funciones. El 30 de mayo 2024 recibió un homenaje por parte de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistradas en una actividad titulada “Los nombres silenciados del poder judicial”.