Ana Cortés Segovia, hija de Oscar Cortés —ejecutado político el 16 de octubre de 1973—, relata el profundo impacto que tuvo la represión dictatorial en su familia y en su propia vida. Recuerda a su padre como un hombre amoroso, comprometido con la justicia social y la educación de sus hijos, cuya detención y posterior ejecución marcaron el fin de una infancia que describe como feliz y segura. Tras su muerte, la familia enfrentó graves dificultades económicas y sociales, debiendo su madre, embarazada en ese momento, sostener sola a sus hijos en un contexto de miedo, aislamiento y precariedad. Estas experiencias llevaron a Ana a involucrarse tempranamente en la militancia comunista, entendiendo su compromiso político como una forma de continuar el legado de su padre.
A lo largo de la entrevista, Ana reflexiona sobre las consecuencias de largo plazo de la violencia política, recordando también la detención y tortura de su esposo durante la dictadura y el temor constante a revivir la pérdida sufrida con su padre. Expresa una mirada crítica respecto de los avances en verdad, justicia y reparación, señalando que la familia aún mantiene procesos abiertos y continúa esperando el esclarecimiento total de los hechos. Destaca especialmente la exhumación y reconocimiento de los restos de Oscar Cortés en 1998, un momento profundamente emotivo que permitió reencontrarse simbólicamente con él después de décadas de incertidumbre.
Alejandra Toro Valenzuela entrega un testimonio sobre las consecuencias que tuvo la dictadura en su familia a partir de la detención y exoneración política de su padre, Osman Toro. Desde sus recuerdos de infancia en Tongoy, describe una vida familiar marcada por la participación política de su padre en la Unidad Popular, que se vio abruptamente interrumpida tras el golpe de Estado de 1973, cuando su hogar fue allanado por Carabineros y su padre fue detenido e incomunicado. La entrevistada relata las dificultades económicas que enfrentó su madre, embarazada y con varios hijos pequeños, debiendo sostener a la familia mediante la elaboración y venta de alimentos, labor en la que participaron también los hijos. Destaca que, tras recuperar la libertad, su padre regresó profundamente afectado por la prisión política, transformándose su personalidad y produciéndose posteriormente la desintegración del núcleo familiar. Finalmente, reflexiona sobre las secuelas que la represión dejó en las familias de ex presos políticos, valora el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y enfatiza la importancia de preservar la memoria histórica y reconocer a quienes fueron perseguidos por sus convicciones políticas.
Manuel Guillermo Jiménez Méndez relata su experiencia como militante de las Juventudes Socialistas y miembro de la Brigada de Propaganda Elmo Catalán en 1973. Fue detenido el 28 de septiembre de 1973 en su casa por militares, siendo trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, donde sufrió torturas físicas y psicológicas junto a otros detenidos.
Durante su encarcelamiento en el Regimiento de Telecomunicaciones, fue sometido a interrogatorios brutales con descargas eléctricas y golpes. Menciona el uso de la «parrilla» y cómo fue testigo de torturas a otros prisioneros como Bretón y Marín.
Posteriormente fue llevado a Pisagua junto a otros detenidos, incluyendo miembros del Partido Socialista y profesores. Allí vivió condiciones inhumanas: interrogatorios violentos, golpizas colectivas y la privación de alimentos. Fue testigo del fusilamiento de Germán Palomino y la sentencia a muerte de Luis Fuentes López, aunque este último fue finalmente salvado.
Tras un juicio militar injusto, fue relegado a Pichilemu, donde trabajó como garzón y en incendios forestales. A su regreso a Iquique, participó en la organización de movimientos de derechos humanos como la Agrupación de Presos Políticos y Ejecutados Políticos. Finalmente, menciona que colaboró con la Vicaría de la Solidaridad y dio su testimonio en procesos judiciales contra responsables de violaciones de derechos humanos.
Luis Caroca Vázquez militante socialista y nacido en Iquique, relata su experiencia como dirigente estudiantil y político durante el gobierno de Salvador Allende y la dictadura. Se unió a la Juventud Socialista en los años 60, influenciado por su activismo previo en grupos scouts y su interés por el pensamiento bolivariano. Además, fue presidente de la Federación de Estudiantes de Iquique, participando en campañas sociales y trabajos voluntarios durante el gobierno de Allende.
Tras el golpe militar de 1973, fue detenido por su militancia política. Fue arrestado y brutalmente torturado en diversas instalaciones militares y en Pisagua. Una vez dentro, participó en consejos de guerra junto a otros detenidos, donde algunos compañeros fueron ejecutados.
Fue condenado a 15 años de prisión y trasladado a varias cárceles del país, incluyendo Pisagua, Iquique, Victoria y Chañaral. A pesar del encarcelamiento, resalta la solidaridad entre prisioneros, con los cuales realizó trabajos manuales, como tallados y artesanías, para mantenerse ocupado. Finalmente, consiguió asilo político y fue liberado tras años de cárcel.
Menciona a: Luisa Vásquez, Freddy Taberna, Marcelo Guzmán, Rodolfo Fuenzalida, Germán Palomino, Raúl Castillo, José Marín, Heraldo Quintero, Luis Servín, Marcelino Lama, Elvira Condori, Mario Vergara, Carla Altamirano, monjas de la Congregación Santa Cruz.
Juan Morales Herrera, profesor primario y militante socialista, narra su vida desde sus primeros años en Iquique hasta su detención y posterior exilio. Explica cómo su activismo político lo llevó a involucrarse en operaciones clandestinas durante la dictadura. Juan nació en Iquique y se formó como profesor primario en Antofagasta. Militó activamente en el Partido Socialista en el altiplano, colaborando con figuras como Alejandro Soria Vargas y Freddy Taberna. Participó en operaciones como volar un camino alternativo usado para el contrabando hacia Bolivia.
Fue detenido el 4 de octubre de 1973 en Iquique, interrogado y torturado en el cuartel de Carabineros y el regimiento de Telecomunicaciones. Sufrió interrogatorios brutales, golpes con culatas de fusil y tortura con electricidad. Relata haber sido sometido a condiciones inhumanas en Pisagua, incluyendo exposición al sol y trabajos forzados. Fue procesado por un consejo de guerra en noviembre de 1973, enfrentando inicialmente la pena de muerte, que luego fue conmutada a 25 años de prisión. Gracias a gestiones familiares y la intervención de una abogada conocida, su condena se redujo a cinco años. Fue encarcelado durante dos años y medio en Iquique antes de obtener un indulto, aunque esto lo expuso a nuevas detenciones y amenazas. Escapó a Perú, donde también fue perseguido, y finalmente se exilió en Canadá. En Canadá, estudió y trabajó como profesor, trabajador comunitario y consejero. Desarrolló múltiples profesiones y ayudó a inmigrantes y refugiados.
Menciona a Alejandro Soria Vargas, Jorge Soria Quiroga, Freddy Taberna, Marcelo Guzman, Juan Osorio, Palomino, Bárbara Petersen, Orlando Soto
El 11 de septiembre de 1973, tras el golpe militar, Alonso fue advertido de que lo buscaban los marinos en el puerto. Gracias a compañeros, logró esconderse momentáneamente y huir de Antofagasta. Sin embargo, fue detenido el 5 de noviembre en Iquique. Los militares allanaron la casa de sus padres, lo golpearon frente a su familia y lo llevaron a la base militar de Telecomunicaciones.
Freddy fue brutalmente torturado, recibiendo golpes, electricidad y simulaciones de fusilamiento. Fue trasladado a Pisagua, donde enfrentó golpizas colectivas, trabajos forzados y humillaciones constantes. Además, narra el fusilamiento de seis presos considerados “no políticos” y la ejecución de compañeros comunistas tras simulacros de juicios militares.
Menciona como la noche de Navidad fue marcada por abusos, destrucción de pertenencias y una misa macabra dirigida por un capellán militar. También cuenta que los prisioneros fueron obligados a construir la pista de aterrizaje de Pisagua y otros proyectos.
Freddy Alonso fue liberado de Pisagua en 1974. Sin embargo, su libertad no significó el fin de su persecución. Al regresar a Iquique, se encontró vigilado constantemente por los organismos de seguridad de la dictadura, especialmente por la DINA y la CNI.
Debido al peligro constante, Freddy fue forzado a abandonar Chile y exiliarse en Europa, específicamente en Francia, donde recibió asilo político. En el exilio, se integró a comunidades de chilenos y organizaciones de derechos humanos que denunciaban las violaciones cometidas por la dictadura.
Tras el retorno a la democracia en Chile, Freddy Alonso volvió al país, aunque nunca dejó de sufrir las secuelas físicas y emocionales de su detención y tortura.