Ninón Neira, Noel Neira, Joaquín Real
Después del golpe de Estado, familiares de detenidos, profesionales y jóvenes, buscaron la manera de organizar la ayuda para quienes estaban siendo víctimas de la represión. En un contexto de amedrentamientos y persecuciones, poco a poco lograron realizar acciones concretas, defendiendo a algunos detenidos, acogiendo a los relegados, apoyando a quienes eran despedidos de sus trabajos y buscando espacios para la reorganización social y política. La Agrupación funcionó informalmente hasta 1985, año en que se constituye como Comisión Chilena de Derechos Humanos, capítulo Coyhaique, logrando una coordinación a nivel nacional. Tras el fin de la dictadura esta organización se mantiene activa y actualmente se conoce como Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, dedicándose a la búsqueda de justicia y mantener viva la memoria.
Elizabeth Larenas Molina entrega un testimonio centrado en la vida y asesinato de su hermana menor, Carmen Gloria Larenas Molina, militante comunista y dirigente juvenil asesinada el 12 de julio de 1983 en Valparaíso durante una jornada de protesta nacional convocada contra la dictadura. La entrevistada reconstruye la historia de una familia obrera numerosa de Valparaíso, marcada por una fuerte conciencia social y política vinculada al apoyo al gobierno de Salvador Allende. Relata cómo el golpe de Estado de 1973 afectó profundamente a su entorno familiar mediante allanamientos, detenciones de sus hermanos y persecución política permanente. En ese contexto, Carmen Gloria desarrolló una activa militancia en organizaciones estudiantiles y sociales, participando en movilizaciones contra la dictadura. Durante una protesta en el Cerro Esperanza fue alcanzada por disparos efectuados por agentes represivos, falleciendo producto de una herida de bala en el pecho a los 19 años. Elizabeth describe el impacto devastador que este crimen tuvo sobre su familia y denuncia las dificultades enfrentadas durante décadas para obtener verdad y justicia, señalando que, pese a la identificación de responsables y la existencia de antecedentes judiciales, el caso continúa sin una resolución definitiva. Asimismo, reflexiona sobre la importancia de la memoria histórica, los derechos humanos y la necesidad de evitar la repetición de hechos similares.
Elda Marisol Marín Flores, nacida en Coquimbo en 1966, reconstruye la historia de su padre, José Arturo Marín Morales, dirigente de la Unidad Popular y delegado presidencial en la comuna de Monte Patria durante el gobierno de Salvador Allende. Desde la perspectiva de una niña que vivió directamente los acontecimientos, relata el impacto del golpe de Estado de 1973 en su familia, incluyendo el hostigamiento policial, el arresto domiciliario que su padre debió cumplir entre 1973 y 1975 y las dificultades económicas que enfrentaron posteriormente. Destaca el apoyo brindado por la comunidad de Monte Patria, donde su padre era ampliamente reconocido por su trabajo social y compromiso con los habitantes del sector. Asimismo, recuerda una nueva detención ocurrida en 1985, cuando agentes de la CNI allanaron su hogar y lo acusaron de actividades políticas clandestinas, permaneciendo encarcelado durante más de tres años. Según su relato, José Arturo Marín salió de prisión con graves problemas de salud y posteriormente falleció en 1994 producto de un cáncer. Además, reflexiona sobre la importancia de las organizaciones de derechos humanos, su participación en agrupaciones de ex presos políticos y familiares, el estallido social de 2019 y la necesidad de preservar la memoria histórica para evitar la repetición de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
Dora Leonor Cortés Segovia, nacida en Ovalle en 1967, entrega un testimonio centrado en la figura de su padre, Oscar Armando Cortés Cortés, dirigente vecinal, sastre y ejecutado político por la Caravana de la Muerte el 16 de octubre de 1973 junto a otros catorce prisioneros de la región. Desde su experiencia como hija pequeña, recuerda las consecuencias emocionales, sociales y económicas que la ejecución tuvo sobre su familia, especialmente sobre su madre, quien quedó embarazada al momento de la detención de su esposo y debió enfrentar sola la crianza de sus hijos en un contexto de precariedad y profundo dolor. Dora relata el apoyo brindado por vecinos, familiares y organizaciones solidarias, así como su posterior incorporación a las Juventudes Comunistas y al trabajo por la memoria y los derechos humanos. También aborda los procesos de búsqueda, identificación y exhumación de los restos de su padre en 1998, las acciones judiciales impulsadas por los familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte y su evaluación crítica de los avances en verdad, justicia y reparación durante la transición democrática. Finalmente, reivindica el legado de quienes fueron ejecutados por razones políticas y destaca la importancia de preservar la memoria histórica y continuar exigiendo justicia.
Cristian Valdemar Zepeda Rodríguez, nacido en Chuquicamata en 1980, entrega un testimonio que entrelaza la experiencia de su familia durante la dictadura con sus propias reflexiones sobre la memoria, la política y los derechos humanos. Hijo de Sabino Valdemar Zepeda Araya, ex preso político y trabajador de Codelco, y de Enmienda del Carmen Rodríguez Torres, exonerada política que desarrolló graves problemas de salud mental asociados a la persecución sufrida por su familia, relata cómo creció en un ambiente marcado por el silencio, el miedo y las secuelas de la represión. Recuerda las historias que su padre le contó sobre su detención, la vigilancia y hostigamiento posteriores al golpe de Estado, así como las consecuencias psicológicas que aquello tuvo en su madre. Describe su infancia en Calama y Chuquicamata, el ambiente minero y sindical, el plebiscito de 1988, el traslado de su familia a Ovalle tras la jubilación de su padre y su posterior participación en movimientos estudiantiles y organizaciones políticas. A lo largo de la entrevista reflexiona críticamente sobre la transición democrática, los gobiernos posteriores a la dictadura, las desigualdades sociales, la lucha por la educación pública, la defensa del agua y la necesidad de fortalecer los procesos de verdad, justicia, reparación y memoria para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Alejandra Toro Valenzuela entrega un testimonio sobre las consecuencias que tuvo la dictadura en su familia a partir de la detención y exoneración política de su padre, Osman Toro. Desde sus recuerdos de infancia en Tongoy, describe una vida familiar marcada por la participación política de su padre en la Unidad Popular, que se vio abruptamente interrumpida tras el golpe de Estado de 1973, cuando su hogar fue allanado por Carabineros y su padre fue detenido e incomunicado. La entrevistada relata las dificultades económicas que enfrentó su madre, embarazada y con varios hijos pequeños, debiendo sostener a la familia mediante la elaboración y venta de alimentos, labor en la que participaron también los hijos. Destaca que, tras recuperar la libertad, su padre regresó profundamente afectado por la prisión política, transformándose su personalidad y produciéndose posteriormente la desintegración del núcleo familiar. Finalmente, reflexiona sobre las secuelas que la represión dejó en las familias de ex presos políticos, valora el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y enfatiza la importancia de preservar la memoria histórica y reconocer a quienes fueron perseguidos por sus convicciones políticas.